Argentina decidió hace no mucho tiempo estatizar la administración de los fondos de los jubilados que estaban en manos de un puñado de empresas de capitales cruzados varios. Resulta que le fue bastante bien. No sólo que mejoraron las jubilaciones desde entonces, sino que además, por ley, cada 6 meses se ajustan y se ajustarán automáticamente. Además, con el conjunto de los fondos del Ansess (que es la caja de la Seguridad Social, no sólo de las jubilaciones) se implementó la Asignación Universal por Hijo. Hecho que venía siendo reclamado por sectores progresistas desde hace muchos años y por la oposición toda durante la campaña electoral de 2009, aunque ahora algunos la critiquen. Resulta que cuando se estatizó el manejo de esos fondos, resulta que “la plata de los jubilados”, como le gusta decir a muchos, estaba invertida en empresas privadas. No en cualquiera. No en las Pymes, no en algunas pujantes empresas familiares en crecimiento. No. En un puñado de empresas gigantes, que además, tenían lazos con las por entonces vigentes AFJP´s. Son 42 empresas. Cuarenta y dos. Hoy el Estado intenta tener una participación en los directorios de estas firmas (a ver si entendemos, de las cuales el Estado es dueño de un porcentaje) como si fuera cualquier otro inversionista. Resulta que ante la vieja alerta de “a guardar las escrituras que se viene el comunismo”, se prepara una defensa cerrada de esas cuarenta y dos firmas privadas. Casualmente, los monopolios informativos, primos hermanos de estas cuarenta y dos firmas y la Unión Industrial y la AEA salen a criticar la medida. O sea, critican que el Estado no tenga limitada su participación al 5% de las sociedades, aunque tenga el 30%. ¿Y por qué esto era así hasta ahora? Y porque había un decreto que así lo establecía. Ahora este decreto cambia. ¿Qué va a pasar si se implementa? El Estado Nacional va a tener representación dentro de las estas 42 empresas de acuerdo a su capital invertido. O sea, de acuerdo a cuantas acciones se hayan comprado con la “plata de los jubilados”. Para simplificar. Estos 42 monstruos le vendieron sus acciones a los jubilados porque les hacía falta plata para funcionar o porque la oferta de compra era muy generosa o por lo que sea. Pero hasta ahora, los dueños, no podían entrar a su empresa. O los dejaban entrar hasta la garita del guarda del cerco perimetral. Es gracioso escuchar al dueño de un almacén de barrio temeroso. Dice que ahora Moyano le va a querer meter al pibe que despacha fiambre a controlarle la caja. Lo mismo dice el dueño de una pyme familiar a sus hijos en la mesa de fin de semana. Está bueno el debate, pero sin tantas boludeces en el medio. Son 42 empresas. La guita de los jubilados está invertida ahí adentro. ¿Está bien o no que el Estado pretenda un mayor control de lo que se hace con esas inversiones? ¿Está bien o está mal que los trabajadores reclamen algunos de esos cargos? Es ese el debate.
